Panorama de los jovenes en Aguascalientes

La protección de los derechos humanos de los jóvenes en México se encuentra plasmada en la Constitución, en el artículo 1o., que a la letra dice:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
(…)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…
(…)


Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
El artículo 1 Fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece que se entenderá por Discriminación: “Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.
Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México Enadis 2010, señala que dos de cada diez personas en México, consideran que los derechos de los jóvenes no se respetan.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), señala que de los más de 112 millones de personas que habitan el país, 16.8 por ciento lo forman jóvenes de entre 20 y 29 años de edad, quienes buscan oportunidades para desarrollarse en distintos ámbitos, principalmente el académico y laboral, buscando con ello un crecimiento personal y profesional que les servirá de impulso para tener acceso a una mejor calidad de vida, además de participar en el crecimiento económico del país.
Sin embargo, la enorme competencia a que se enfrentan una vez concluidos sus estudios universitarios, se vuelve un obstáculo para ingresar en una empresa pública o privada, y en consecuencia su desarrollo laboral y profesional se trunca hasta concretar una oportunidad.
Los jóvenes, en un futuro próximo, tomarán las decisiones que permitan el correcto camino del país, por lo que hoy debemos llevar a cabo los mecanismos que permitan la incorporación de esa parte de la población al sector productivo. La edad promedio de la población económicamente activa es de 38 años, motivo que hace necesario promover la participación de la población joven, y que a su vez permita y obligue a las diversas autoridades a impulsar los mecanismos para que la preparación académica requerida, sea cada vez mayor y de mejor calidad de la que actualmente se imparte hacia los jóvenes.
Con la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre del dos mil doce, se lograron avances trascendentales para los trabajadores de nuestro país, siendo uno de los temas prioritarios el acceso al empleo para los jóvenes; sin embargo, es imperioso seguir llevando a cabo mecanismos necesarios para que las oportunidades hacia ese sector de la población no sean limitadas ni truncadas, toda vez que en muchas ocasiones, cuando los jóvenes tienen diferentes dificultades que no les permiten acceder a nuevas oportunidades laborales, suelen encontrar en la informalidad la salida a sus problemas de falta de empleo, para poder solventar sus diversas necesidades económicas.
En México, los individuos se enfrentan a una complicada realidad laboral, específicamente durante su juventud, ya que es en este periodo cuando independientemente de la escolaridad, el joven busca insertarse en el mercado laboral para ser productivo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2010, sólo una tercera parte de los jóvenes entre 16 y 29 años que trabajan, cuentan con contrato laboral; la misma encuesta señala que de los jóvenes que no se encuentran trabajando, el 61 por ciento asegura que no lo hace debido a que se encuentra estudiando. Dichos datos nos revelan que las principales áreas de oportunidad que buscan los jóvenes son, por un lado, el ámbito laboral y, por otro, el ámbito educativo.
Para los jóvenes, el trabajo adquiere dimensiones adicionales, ya que juega un papel clave en el desarrollo y reafirmación de su identidad personal, constituyendo una vía para la incorporación en la vida social y la ampliación de las relaciones sociales, así como en la transición de la familia de origen a una etapa de independencia y autonomía en su vida.
Según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, existe actualmente una población de 321,337 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad en el Estado de Aguascalientes, cifra que corresponde al 30% de la población total de la Entidad; teniendo en cuenta los datos anteriores, se observa la necesidad de una ley que abarque el amplio catálogo de problemáticas que afectan el pleno desarrollo de los jóvenes; se requiere pues, de una normatividad particular y especializada que dote de funcionalidad a las políticas públicas dedicadas a este sector, ayudando en su diseño, aplicación y evaluación, garantizando así su mejoramiento constante.
Uno de los objetivos de la presente iniciativa es lograr incentivar a las personas físicas y morales, incluidas las asociaciones en participación y los fideicomisos, así como la Federación, el Estado, los Municipios, sus entidades paraestatales y los organismos autónomos, que realicen remuneraciones a los trabajadores, mediante la exención del pago del Impuesto Sobre Nóminas, por el solo hecho de contratar jóvenes que tengan la edad de 16 años cumplidos hasta 29, las cuales de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, están obligadas al pago de dicho impuesto.
En la actualidad, muchos de los jóvenes que habitan en comunidades de nuestro Estado tienen graves problemas económicos que les impiden asistir a los centros educativos para poder iniciar y continuar sus estudios, motivo por el cual se ven en la necesidad de trabajar para poder ayudar a solventar los gastos de primera necesidad de sus familias, que en la mayoría de las ocasiones no cuentan ni con los servicios básicos que les permitan una calidad de vida promedio. Además de encontrarse con la absurda respuesta de que, no se les contrata bajo el argumento de no tener experiencia laboral.
Así, mediante la presente iniciativa planteamos una herramienta eficaz para incentivar al sector empresarial, mediante la adición de la fracción XVII del artículo 63 de la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, estableciendo con ello, un apoyo a favor de la juventud que abarca el aspecto laboral, toda vez que es uno de los temas principales que beneficia a los jóvenes de nuestro Estado.
En el país, la población económicamente activa suma un total de 51,378,927 personas, de las cuales 19 629 131 son mujeres y 31 749 796 son hombres, motivo por el cual se deben seguir implementando acciones que permitan fomentar y elevar las fuentes de empleo, ya que sumado al número de la población antes mencionada, cada año miles de personas egresan de diversas instituciones académicas buscando un lugar para poder desarrollar su profesión, lo que hace necesario que las empresas particulares así como las dependencias de gobierno sean incentivadas para que contraten a los jóvenes que recién inician su vida laboral.
Por lo anterior es que los legisladores, tenemos la tarea de llevar a cabo todas las acciones que permitan que en nuestro país se implanten mecanismos adecuados que permitan en todo momento que los ciudadanos cuenten con un empleo y de esa manera solventen las necesidades que se presentan en sus hogares.
Sin duda, con el apoyo que se pueda alcanzar en favor de los jóvenes que tienen expectativas para gozar de un empleo, lograremos que la economía de nuestro país se active en beneficio de toda la población, además de que muchas personas que son responsables de la mayor aportación económica para sus hogares, tengan la tranquilidad de que las fuentes de empleo estarán respaldadas por un sustentable marco normativo.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos mencionados en el proemio de esta iniciativa, los que suscribimos, sometemos a la consideración de este Pleno Legislativo el siguiente:

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