PRI-PVEM proponen modificar sistema de elección de magistrados en Aguascalientes

PRIMERO.- Por Decreto publicado el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral; y para dar cumplimento a lo establecido en el transitorio segundo de la citada reforma, el 23 de mayo del mismo año fueron publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

SEGUNDO.- El Decreto citado en el párrafo anterior, reforma la fracción XXI inciso a) del artículo 73, por la cual se concede la facultad al Congreso de la Unión para expedir Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, y al ser una facultad expresamente conferida al gobierno federal, las entidades federativas carecen de competencia para establecer los tipos penales y sus sanciones en materia electoral en sus legislaciones penales..


TERCERO.- La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su artículo 1º el objeto de esta Ley, al disponer que: “Esta Ley es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos electorales. Es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución”.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en los artículos del 7 al 20 comprendidos dentro del Capítulo II, los delitos y sanciones en materia electoral.

Finalmente el Título Tercero de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en cuanto a la distribución de competencias y tareas de coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, en tal virtud, el artículo 22 de la citada Ley, establece que las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

CUARTO.- Con base en lo anterior se propone derogar el CAPÍTULO XVI del Código Penal del Estado, que comprende los artículos 188 y 189. EL artículo 188 tipifica los Atentados al sistema de elección popular, y el 189 las conductas que realicen los servidores públicos en contra del Sistema de Elección Popular.

QUINTO.- Con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral la jurisdicción electoral deja de estar adscrita a los poderes judiciales de las entidades federativas, y se regirá por lo establecido en el Titulo Tercero del Libro Tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la integración, proceso de elección de los magistrados, duración en el cargo, requisitos, atribuciones, impedimentos y excusas, remuneraciones y remoción de magistrados.
Específicamente el artículo 105 de esta Ley señala que:
“1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales son los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral de cada entidad federativa, que gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.

SEXTO.- La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera expresa, deja algunas facultades a las autoridades de las entidades federativas tales como, el de que las leyes locales establecerán el procedimiento de designación del magistrado presidente, cargo que deberá ser rotatorio así como las reglas para cubrir las vacantes temporales que se presenten; así como las remuneraciones de los magistrados, para lo cual el articulo 116 dispone que los congresos locales deberán fijar en el presupuesto anual las remuneraciones de magistrados electorales, en términos del artículo 127 de la Constitución, las cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su encargo.

SEPTIMO.- Tal y como se propuso en la iniciativa de reforma a la Constitución Local en materia político-electoral: La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta materia establece que los magistrados electorales serán nombrados por el Senado de la República, eliminado la facultad del Congreso local para su designación; lo cual hace necesario modificar la estructura de la Sala Administrativa y Electoral, para separar la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la función electoral, de no hacerlo los tres magistrados que integran la Sala Administrativa serían nombrados por el Senado, lo cual constituiría una indebida injerencia en el Poder Judicial en virtud de que la Sala Administrativa es parte de este Poder.

Por lo expuesto en los anteriores considerandos, se propone la reforma a los artículos 1º, 2, 10, 10A; así como de los artículos 33A al 33L, comprendidos dentro del Titulo Primero Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que atribuyen la materia electoral a la Sala Administrativa, con la finalidad de eliminar la jurisdicción electoral del Poder Judicial, tal y como lo establece el párrafo 2. del artículo 105 de la Ley General de Procedimientos Electorales.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, tengo a bien, someter ante esta Honorable Representación Popular el siguiente proyecto de
DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 188 y 189 del Código Penal del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 1º, 2, 10, 10A; así como los artículos 33A al 33L, comprendidos dentro del Titulo Primero Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para quedar de la siguiente manera:
ARTICULO 1o.- El Poder Judicial del Estado se integra por el Supremo Tribunal de Justicia, la Sala Administrativa, los Juzgados de Primera Instancia Civiles, Mercantiles, de Primera Instancia Penales que estará a cargo de Juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución, de Justicia para Adolescentes, Mixtos de Primera Instancia, Familiares y Mixtos Menores, el Consejo de la Judicatura Estatal, el Instituto de Capacitación y la Contraloría Interna.
ARTICULO 2o.- El Supremo Tribunal de Justicia, la Sala Administrativa y los Jueces, ejercerán su jurisdicción respectiva en el lugar, grado y términos que les asigna esta Ley, los Códigos Procesales, Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes y demás leyes vigentes.
ARTICULO 10.- Para nombrar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a los Magistrados de la Sala Administrativa, el Consejo de la Judicatura Estatal emitirá la convocatoria correspondiente para que los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, sean sometidos a exámenes de carácter psicométrico y aptitud, así como de conocimientos; ponderándose su experiencia laboral y formación académica. Elementos todos que agregados a los resultados que se obtengan de las evaluaciones respectivas, permitirán se formen las quintetas por cada magistratura vacante para realizar el trámite que establece el artículo 54 de la Constitución Política del Estado.
ARTICULO 10 A.- Los Magistrados que integren el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, durarán en su encargo quince años; y los Magistrados de la Sala Administrativa durarán en su encargo diez años; sólo podrán ser sustituidos cuando sobrevenga defunción, incapacidad física o mental permanente, o removidos por mala conducta debidamente comprobada, calificada por el Consejo de la Judicatura Estatal o previo juicio de responsabilidad ante el Congreso del Estado, en cuyo caso serán destituidos. Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de la Sala Administrativa, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser sustituidos en los términos señalados en el párrafo anterior.
……………

TITULO PRIMERO BIS
CAPITULO I
De la Sala Administrativa
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones Generales
ARTICULO 33 A.- En términos de lo que establece el 51 de la Constitución Política del Estado, la Sala Administrativa es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia contencioso administrativa, y órgano permanente especializado, autónomo e independiente en sus decisiones y resoluciones, las cuales se sujetarán de manera invariable a los principios de legalidad y definitividad; rigiéndose por lo dispuesto en la propia Constitución, esta Ley, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, el Reglamento Interior que en uso de sus facultades expida y otros ordenamientos aplicables.
La Sala Administrativa tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal, que se susciten entre las autoridades del Estado, de los Municipios, sus Organismos Descentralizados y otras personas, en funciones de autoridad, con los particulares. Se reputarán como otras personas, a los prestadores de servicios públicos considerados como áreas estratégicas, que sean concesionados.
Contará con la organización y atribuciones que esta Ley establece, y estará dotada de plena jurisdicción y del imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Integración de la Sala Administrativa
ARTICULO 33 B.- La Sala Administrativa estará conformada por tres Magistrados, que no integrarán el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.
Los Magistrados de la Sala Administrativa elegirán a su Presidente de entre sus miembros, quien ostentará el cargo por dos años, pudiendo ser reelecto por un periodo igual. Las sesiones de resolución jurisdiccional de la Sala Administrativa serán públicas y resolverá en Pleno por unanimidad o por mayoría de votos.
Contará con un Secretario General de Acuerdos y secretarios de estudio, proyectistas, actuarios, auxiliares y servidores administrativos que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos de su competencia.
ARTICULO 33 C.- Para el procedimiento de elección y la duración en el cargo de los Magistrados de la Sala Administrativa se estará a lo dispuesto en los artículos 54 y 56 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 10 de esta Ley
ARTICULO 33 D.- SE DEROGA

ARTICULO 33 E.- Los secretarios y actuarios de la Sala Administrativa serán designados por el Consejo de la Judicatura, previo examen de oposición, y para ello se requiere:
I.- Ser mexicano, domiciliado legalmente en el Estado cuando menos dos años antes del día de su designación;
II.- Tener título y cédula de Licenciado en Derecho debidamente registrados;
III.- Acreditar parlo menos tres años de práctica en materia administrativa o electoral; y
IV.- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

SECCIÓN TERCERA
De las atribuciones de la Sala Administrativa.
ARTICULO 33 F.- La Sala Administrativa, conocerá en materia administrativa de los juicios que se inicien contra: I.- Las resoluciones definitivas emanadas de las autoridades dependientes del Poder Ejecutivo Estatal, de los Municipios, de los Organismos Descentralizados y otras personas, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio a los particulares;
II.- Las resoluciones definitivas dictadas por cualquiera de las autoridades fiscales del Estado o Municipios, y de sus organismos fiscales autónomos, en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquier otra que cause agravio en materia fiscal;
III.- De las resoluciones favorables a un particular, cuando las autoridades estatales y municipales promuevan el juicio para que sean anuladas;
IV.- Del procedimiento administrativo de ejecución cuando el afectado afirme:
a).- Que el crédito que se le exige se ha extinguido legalmente;
b).- Que el monto del crédito es inferior al exigible;
c).- Que es poseedor, a título de propietario de los bienes embargados en el procedimiento económico coactivo seguido a otras personas, o acreedor preferente al físico; y
d).- Que el procedimiento coactivo no se ajustó a la Ley. En este último caso, la oposición no podrá hacerse valer, sino contra la resolución que apruebe el remate, salvo que se trate de imposible reparación;
V.- La negativa de una autoridad para ordenar la devolución de cantidades pagadas indebidamente;
VI.- Las resoluciones definitivas que constituyan créditos fiscales, por responsabilidades de los servidores públicos del Estado, de los ayuntamientos y sus organismos descentralizados; y
VII.- Las resoluciones dictadas conforme a las leyes, que le otorgue competencia a la Sala Administrativa.
Para los efectos de las dos primeras fracciones de este articulo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando previéndolo, el afectado opte por no agotarlo y acuda directamente a la Sala Administrativa.
La Sala Administrativa conocerá de igual forma, de los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado en términos de la ley respectiva y de los recursos que concedan las leyes en contra de los acuerdos que se dicten en la tramitación de los juicios.
ARTICULO 33 G.- SE DEROGA
ARTICULO 33 H.- Las atribuciones del Presidente de la Sala Administrativa serán:
I.- Representar a la Sala ante toda clase de autoridades;
II.- Dictar las medidas necesarias para el turno, el despacho pronto y expedito de los asuntos competencia da la Sala;
III.- Convocar y presidir las sesiones y dirigir los debates, y
IV.- Vigilar que se cumpla con las determinaciones de la Sala.
ARTICULO 33 I.- Son obligaciones de los Magistrados de la Sala Administrativa, las siguientes:
I.- Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones públicas y reuniones internas a las que sean convocados por el Presidente de la Sala, absteniéndose de votar únicamente cuando tengan impedimento legal;
II.- Formular los proyectos de sentencias que recaigan a los expedientes que les sean turnados por el presidente de la Sala para tal efecto;
III.- Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a su consideración en las sesiones públicas;
SECCIÓN CUARTA
De los Secretarios y Actuarios de la Sala Administrativa
ARTICULO 33 J.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos de la Sala
Administrativa:
I.- Acordar con el Magistrado Presidente de la Sala lo relativo a su debido funcionamiento;
II.- Intervenir en los actos de los que deba dejarse constancia en autos, autorizándolos con su firma, excepción hecha de las encomendadas a otros servidores;
III.- Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de la Secretaría General;
IV.- Llevar los libros de gobierno de registro de documentos y de personas que puedan ser peritos ante la Sala, así como el registro de la cédula profesional de los abogados litigantes, y
V.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 33 K.- Corresponde a los Secretarios de Estudio de la Sala Administrativa:
I.- Proyectar los acuerdos de trámite;
II.- Efectuar las diligencias que se le encomienden, cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala;
III.- Redactar las actas de las audiencias y las resoluciones que recaigan en los expedientes;
IV.- Expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes, y
V.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 33 L.- Corresponde a los Actuarios de la Sala Administrativa:
I.- Notificar, en el tiempo y forma prescrito por la Ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que, para tal efecto, les sean turnados;
II.- Practicar las diligencias que se les encomienden, y
III.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a excepción de lo dispuesto por el siguiente Artículo.

SEGUNDO.- Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial iniciarán su vigencia una vez que haya sido instalado el Tribunal Electoral del Estado, en términos del Artículo Séptimo de las disposiciones transitorias del Decreto número 152 que contiene el Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

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