La Extinción de dominio en Aguascalientes

Como lo refiere el Iniciador, el 22 de junio de 2015 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 204, por medio del cual este Congreso Local expidió la Ley de Extinción de Dominio, ordenamiento que tiene por objeto regular el procedimiento en tal materia, conforme a lo dispuesto por el Artículo 22 párrafo segundo de la Constitución Federal, que al respecto, señala:

“(…) Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes”.

Como se advierte, la Constitución Federal precisa las reglas a las cuales debe sujetarse el procedimiento para declarar la extinción sobre bienes que sean instrumento, objeto o producto de delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, o bien, que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto de alguno de dichos delitos.

Ahora bien, debemos destacar que el Dictamen del 15 de junio de 2015 por el cual la suscrita Comisión de Justicia propuso al Pleno Legislativo la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio del Estado concluye, entre otras cosas, lo siguiente:

1.- Que las entidades federativas cuentan con competencia para legislar en materia de extinción de dominio, partiendo de dos vertientes:

a) Normativa, donde se ubica la facultad de legislar sobre aspectos sustantivos (es el caso de los delitos de robo de vehículos y enriquecimiento ilícito); y

b) Operativa, a la que corresponden los delitos que pueden ser concurrentemente perseguidos, juzgados y condenados (es el caso del narcomenudeo, la trata de personas y el secuestro).

De igual forma, que este Congreso local no cuenta con competencia para regular el procedimiento de extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada.

2.- Que el procedimiento de extinción de dominio debe sujetarse a las siguientes bases:

a) Será jurisdiccional y autónomo del procedimiento penal, pero que tal autonomía no es absoluta ya que tal disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese aspecto existe una vinculación total, de manera que el juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intraprocesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró.

b) Procederá tratándose de los delitos ya señalados y respecto de los bienes siguientes:

-Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

-Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del punto anterior.

-Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

-Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

3.- Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Ahora bien, la Iniciativa en estudio tiene el propósito de clarificar una serie de disposiciones contenidas en la Ley de Extinción de Dominio del Estado, sobre las cuales se debe indicar lo siguiente:

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