CONGRESO DE AGUASCALIENTES RESUELVE EXPEDIENTES DEL TEPJF Y DEL INE

• El Pleno de la LXII Legislatura avaló amonestaciones pública y privada al gobernador del Estado.

• Las conductas conocidas como “sexting” será contempladas como una forma de violencia.

El Congreso del Estado de Aguascalientes, por acuerdos legislativos, determinó emitir una amonestación privada y una pública al gobernador del Estado, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, tras los oficios suscritos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El primer asunto en el orden del día de la sesión del Pleno Legislativo, fue precisamente la votación del acuerdo legislativo de la Comisión de Gobierno por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SRE-PSC-277/2015.
jueves 14 enero 2016
Sobre dicho asunto, la Sala Especializada, al tramitar el Procedimiento Especial Sancionador, concluyó que el Gobernador del Estado de Aguascalientes, contravino el Artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, así como el Artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE.

De esta manera, se concluyó que el gobernador del Estado, el pasado 27 de noviembre de 2015, no tomó las medidas necesarias para evitar la cobertura por parte de medios de comunicación social del evento correspondiente a su quinto informe anual de labores, por lo que implícitamente violó el deber de cuidado, derivado de la prohibición en materia electoral de generar la difusión de los informes de labores durante el periodo de campaña de los procesos comiciales que estuvieren en curso.

Precisado lo anterior y luego de realizar la ponderación a que se refiere el Artículo 82 de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, considerando esencialmente que no existen antecedentes similares imputados al gobernador Constitucional del Estado y que la Sala Especializada concluyó que no se trató de una acción premeditada y dolosa, sino del incumplimiento de un deber de cuidado, la Comisión de Gobierno sugirió imponerle una sanción de amonestación privada.

En primer turno para debatir dicho asunto, la diputada del PAN Martha Márquez Alvarado calificó la resolución del INE como “histórica”, todo esto debido a “la actitud dolosa con la que actuó el gobernador para favorecer a su partido político y emplear recursos públicos con el propósito de incidir en el electorado”, por ello consideró que el Congreso del Estado debe emitir una sanción acorde a la conducta que asumió el mandatario estatal, la cual insistió, “fue al margen de la ley electoral”.

Márquez Alvarado señaló que las sanciones que hoy se pretenden imponer son irrisorias, pues basta recordar que la repetición de la elección federal del distrito 01, costaron al erario público la cantidad de “46 millones de pesos”; actos ilegales que están más que comprobados.

Salvador Dávila Montoya, diputado del partido Nueva Alianza aclaró que el jefe del Poder Ejecutivo de Aguascalientes no contrató publicidad para su informe de Gobierno, incluyendo con la estación radiofónica que transmitió el acto del gobernador. En todo caso, consideró que los encargados de la organización del V Informe no tomaron las medidas necesarias para cumplimentar con las restricciones ordenadas por INE.

Por lo anterior, el representante popular afirmó que la sanción al ingeniero Carlos Lozano no puede ir más allá de la amonestación, ya que el acto donde se dieron a conocer las acciones gubernamentales del pasado ejercicio anual fue a su parecer, el menos difundido de la historia.

En su oportunidad, el legislador panista Mario Álvarez Michaus afirmó que las amonestaciones aprobadas en la Comisión de Gobierno “pareciera que son regaños con sonrisa o llamadas de atención acompañadas de abrazos”, al señalar que los castigos cuando no son ejemplares ocasionarán reincidencias; enfatizó que no se puede atentar contra esta democracia, en la misma que participan priistas, panistas, perredistas y de otros partidos, refirió.

En el uso de la palabra, el diputado J. Jesús Rangel de Lira respaldó el dictamen a nombre del Partido del Trabajo, lo cual dijo, no tiene base en conceptos ni argumentos falaces. Enfatizó que los oficios no ordenan la realización de un juicio político, sino que hablan de dar vista para que se le dé trámite.

Explicó que solo el Congreso de la Unión puede ordenar un juicio político, cuando se trate de violaciones graves a la Constitución general y a las leyes federales que de ellas emanen, así como por un manejo indebido de recursos y fondos federales.

Asimismo, opinó que de haber intentado limitar el ejercicio periodístico, se hubiera cometido una falta más grave, por lo que resulta incongruente que se ordene coartar la libertad de expresión de un medio de comunicación. Preguntó si realmente la transmisión de un fragmento del informe que daba cuenta de acciones públicas y no de un partido político, incluyó en las simpatías electorales para el Distrito 01.

Por su parte, el diputado Eduardo Rocha Álvarez lamentó la ligereza con la que analizan este asunto, pues a falta de información y de argumentos reales aprovechan el oportunismo político con el único propósito de lanzar declaraciones estridentes que les reditúen en la captación de reflectores; porque además pareciera que quienes señalan al mandatario estatal sus palabras se adelantan a los razonamientos, y es por ello que de una manera fácil “inventan cifras, fechas, esto sólo puede venir de una mente fantaseosa”.

El legislador del PRI invitó a aquellos personajes a dejar de lado el protagonismo y las declaraciones mediáticas, pues no es un asunto de partidos políticos ni de ideologías, pues esta falta que fue cometida por terceros y no por el titular del Ejecutivo Estatal, obedeció a una omisión en los preceptos de la libertad de expresión, no así por obtener réditos políticos, ratificó.

Rocha Álvarez aseveró que “no caeremos en provocaciones, pese a que los que acusan sin sustento, saben de la debilidad de sus argumentos y de que su solicitud de sanciones extremas no proceden”.

En calidad de integrante de la Comisión de Gobierno, dictaminadora del asunto, intervino el diputado Adolfo Suárez Ramírez, para manifestar que los temas no fueron analizados a profundidad ya que los expedientes eran extensos, y que solo se votó la propuesta de los legisladores del PRI.

El integrante del Grupo Parlamentario del PAN reveló que sobre la mesa se consideraron cuestiones como el juicio político o sanciones pecuniarias, y que él personalmente planteó que no se incluyeran los asuntos en el orden del día de la sesión plenaria de este jueves.

En la votación respectiva, el acuerdo legislativo obtuvo la aprobación mayoritaria de los integrantes de la LXII Legislatura, incluyendo el visto bueno del diputado panista Leonardo Montañez Castro; con el voto en contra de los legisladores Martha Márquez Alvarado, Sylvia Violeta Garfias Cedillo y Mario Alberto Álvarez Michaus y las abstenciones de los diputados Ulises Ruiz Esparza de Alba y Adolfo Suárez Ramírez. Cabe hacer mención que faltó con el permiso correspondiente el representante popular Israel Sandoval Macías.

De esta manera, el Poder Legislativo emitirá la amonestación privada correspondiente, de la que deberán ser notificados la Sala Regional Especializada del Poder Judicial de la Federación y el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.

Enseguida, se procedió con el análisis del acuerdo legislativo de la Comisión de Gobierno por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dentro del expediente UT/SCG/Q/SRM/142/PEF/157/2015.

El Consejo General ordenó dar vista al Congreso del Estado del asunto en estudio, para los efectos de que se imponga la sanción que proceda al gobernador de la Entidad, por la inobservancia de los principios de imparcialidad y equidad que deben regir toda contienda electoral en detrimento de lo dispuesto por los Artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal y 449, párrafo 1 inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Tal infracción se tuvo por actualizada, ya que a juicio de las autoridades electorales se demostró que el Gobernador del Estado, en el pasado proceso electoral federal ordinario, asistió el día de la jornada comicial a centros de votación diversos al que le correspondía votar, usó la página oficial de internet http://www.aguascalientes.gob.mx para promocionar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, a través de su red social denominada twitter, y usó un vehículo oficial el día de la jornada electoral para acompañar a emitir su voto a los candidatos del Partido de referencia.

La Comisión de Gobierno, según se expresa en el texto del acuerdo legislativo, luego de realizar la ponderación a que se refiere el Artículo 82 de la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, considerando que durante más de cinco años de ejercicio constitucional la conducta imputada al Gobernador del Estado no ha sido recurrente pues sólo existe un precedente similar relacionado con faltas de naturaleza administrativa-electoral, sugirió imponerle sanción de Amonestación Pública.

En la discusión de este punto, la diputada del PAN Sylvia Garfias Cedillo afirmó que “nos quedamos cortos, como Poder Legislativo no estanos actuando de manera imparcial”, por lo que señaló que el Congreso del Estado no debe ser Oficialía de Partes, tras adelantar que esta actitud asumida es una advertencia de que la elección de este año, será una “elección de estado, pero le decimos al PRI y a su gobierno, que en Acción Nacional estamos preparados”.

La diputada del PAN insistió que sí se violó la ley y la sanción que se pretende emitir es laxa, porque “lo que ocurrió fue grave ya que derivó en la repetición de una elección federal, en la que se gastaron varios millones de pesos, los cuales se pudieron invertir para el mantenimiento y rehabilitación de escuelas públicas la autoridad electoral”; anticipó que la autoridad electoral no permitirá la intromisión de gobiernos en los próximos comicios.

Ante los micrófonos del recinto legislativo, la diputada Norma Adela Guel Saldívar argumentó que la autoridad electoral realmente no posee facultades sancionadoras a servidores públicos, razón por la que el Congreso del Estado procedió a emitir una reolución administrativa, pese a que las lagunas legales existentes no contemplan supuestos específicos como el que se ordenó sancionar.

A su vez, la diputada Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, dijo que pretender ir más allá de lo que marca el acuerdo es irresponsable y protagonista, y sí el INE dio la facultad al Congreso del Estado para que decidiera el tipo de sanción al gobernador, por qué insistir en castigos extremos, pues qué no es mejor enseñar que castigar, lanzó la pregunta.

Refirió que no hay más castigo que perder la elección federal del distrito 01, al reiterar que el Congreso del Estado no puede extra limitarse en sus funciones, no puede ni debe estar por encima de otros Poderes y por ello avaló que la sanción acordada en la Comisión de Gobierno es más que suficiente, sentenció.

En tribuna, el diputado Oswaldo Rodríguez García manifestó que el ejercicio del trabajo legislativo institucional no implica convertirse en verdugos o sádicos para ver “rodar cabezas” de supuestos “enemigos”. Insistió en que solamente se procedio en términos de las leyes aplicables en Aguascalientes acorde a la resolución del Instituto Nacional Electoral.

El legislador de Movimiento Ciudadano calificó como exagerada la solicitud del INE, que a su ver, magnificó los hechos y sobrevaloró los efectos de la supuesta falsa del gobernador.

Con 21 votos a favor, fue aprobado el acuerdo legislativo, con los votos en contra de los diputados Mario Michaus, Sylvia Garfias y Martha Márquez, además de las abstenciones de los legisladores Ulises Ruiz Esparza y Adolfo Suárez Ramírez.

Como siguiente punto en el orden del día, se procedió al desahogo del dictamen de la Comisión de Justicia por la cual se reforma y adicionan los Artículos 3º, Fracciones XIX y XXX; 8º, Fracción I; y 48 Fracción XIV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes y se adiciona la Fracción III del Artículo 114 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado José Gilberto Gutiérrez Gutriérrez y Anayeli Muñoz Moreno, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México.

Los objetivos de la iniciativa es establecer como delito el acto denominado “sexting”, conducta consistente en “difundir o publicar sin consentimiento, contenidos en donde la protagonista de las imágenes posa en situaciones erótica o sexual, producidos con o sin autorización, utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico”. Además, catalogar la conducta denominada “sexting”, como una forma de violencia de género de tipo psicológica, en el texto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Comisión de Justicia determinó la viabilidad de modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero dejó pendiente el tema penal, ya que hay delitos vigentes en la clasificación del Código Penal que contemplan conductas análogas a las mencionadas.

En la votación respectiva, el dictamen obtuvo la aprobación de todos los representantes populares que se encontraban presentes en el salón de sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”.

Posteriormente, se continuó con el análisis y votación del dictamen de la Comisión de Vigilancia por el que se autoriza al Gobierno del Estado de Aguascalientes para ejercer actos de dominio en su modalidad de enajenación a título oneroso mediante licitación pública de un inmueble de su propiedad, ubicado en Avenida Alameda Número 405 de esta Ciudad Capital, presentada por el Ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado.

En la exposición de motivos de la solicitud, se estima necesario fortalecer los proyectos privados con impacto social que beneficien a la colectividad y a su vez mantengan armonía con las directrices adoptadas por las normas locales y Planes de Gobierno, destinando el predio que nos ocupa a un proyecto educativo y/o cultural en beneficio de los aguascalentenses, específicamente una escuela de música que permita crear un espacio de esparcimiento a favor de la población, en la periferia del corredor artístico y cultural que representa la Avenida Alameda.

Tomando en cuenta las causas que originan la solicitud de autorización para la realización de la enajenación a título oneroso del predio descrito, la comisión determinó que no encuentra ningún impedimento para que se conceda, valorando el destino que se dará al predio en beneficio de la sociedad.

En la votación respectiva, se alcanzó un sufragio mayoritario a favor, con la postura en contra de los diputados Leonardo Montañez Castro y Martha Márquez Alvarado.

ASUNTOS GENERALES

DIPUTADO GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

En primer turno, el diputado Ulises Ruiz Esparza de Alba, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo gestione ante el Gobierno Federal la creación de una zona económica estratégica de la ciudad, con el objeto de que sirva de base para la competitividad de las empresas.

En su exposición de motivos, Ruiz Esparza de Alba resaltó que la conformación de dicha área sería más fácil debido al crecimiento industrial que registra Aguascalientes, y la buena infraestructura área y de caminos con las que se cuentan permitiría a la entidad colocarse como un punto estratégico para el desarrollo de empresas que deriven en la generación de empleos.

LEGISLADORA MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO

Ante los micrófonos del recinto parlamentario, la diputada Martha Márquez Alvarado propuso un punto de acuerdo en carácter de urgente y obvia resolución, a fin de que se exhorte a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, de los ayuntamientos y de los organismos públicos autónomos a blindar el uso de los recursos públicos.

Lo anterior, justificó, por el inicio del proceso electoral 2016 y con el fin de evitar el uso de los recursos y bienes públicos los aguascalentenses para beneficiar electoralmente a candidatos y partidos políticos.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Luis Fernando Muñoz López, sometió a votación del Pleno Legislativo si la moción se consideraba de urgente y obvia resolución, con una aprobación unánime.

DIPUTADO OSWALDO RODRÍGUEZ GARCÍA

Al respecto, el legislador Oswaldo Rodríguez García dijo que este punto de acuerdo busca repetir lo que ya está plasmado en la ley, y que no podría avalar un documento en el que se pide sólo “hacer justicia sobre los bueyes de mi compadre”, pues se exenta del llamado al Poder Legislativo.

El representante popular pide trabajar con la ley en la mano y no con puntos de acuerdo que serían llamadas a misa, tras insistir que no deja de ser una propuesta tendenciosa, agregó.

La propuesta de exhorto, con la inclusión del llamado a legisladores planteada por la promotora del punto de acuerdo, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la LXII Legislatura del Estado de Aguascalientes.

LEGISLADOR J. JESÚS RANGEL DE LIRA

En su intervención, el diputado del Partido del Trabajo (PT) Jesús Rangel de Lira propuso un Punto de Acuerdo Comisión de Salarios Mínimos mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión para que este a su vez solicite a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con el propósito de impulsar una verdadera política pública que propicie aumentos graduales al salario mínimo, exentando del Impuesto Sobre la Renta a aquellos trabajadores que perciban entre 2 o 3 salarios mínimos, entre otros planteamientos.

El representante del PT consideró que esta propuesta debe ser vista como una poderosa herramienta que detone el poder adquisitivo del trabajador, a pesar de que los empresarios han objetado su incremento bajo los argumentos de que impactaría de forma negativa sus finanzas.

Al finalizar su participación, Rangel de Lira solicitó al presidente de la mesa directiva que su Punto de Acuerdo fuera sometido a la votación del Pleno por considerarlo de obvia y urgente resolución, propuesta que tras ser analizada en un receso de dos minutos, se decidió que será abordado en la sesión ordinaria del Pleno Legislativo.

Sin otro asunto en el orden del día, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Luis Fernando Muñoz López, clausuró los trabajos legislativos, no sin antes citar a la realización de la próxima sesión para el día jueves 21 de enero, en el recinto oficial del Poder Legislativo y a la hora acostumbrada.

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