La propuesta contra la corrupción de José Antonio Meade Kuribreña

Desde que recibió su constancia como precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña aseguró que su proyecto de país contempla un frontal combate a la corrupción y que no habrá ni un peso al margen de la ley.

Durante la precampaña presentó a los grupos legislativos de PRI, PVEM y Nueva Alianza una iniciativa para reformar la ley para endurecer el combate a la corrupción e impunidad. Entre los planteamientos, propuso establecer un nuevo requisito para cargos del nivel de jefe de unidad en el Poder Ejecutivo Federal y legisladores: la certificación de la evolución patrimonial con el objetivo de realizar un cotejo entre los ingresos obtenidos, los impuestos pagados y los bienes que posea un servidor público, a fin de verificar que exista congruencia entre éstos.

Otras de sus propuestas es recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niños y mujeres así como aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos.

En la plataforma electoral del Revolucionario Institucional, el partido propone promover la implementación efectiva de las políticas del Sistema Nacional Anticorrupción y plantea que sea exitosa depende de que se dé transparencia, pero también mayor flexibilidad a los criterios para las adquisiciones, contrataciones y licitaciones del sector público. Asimismo, señala que se deberán simplificar y precisar los distintos tipos de faltas, infracciones y delitos en que pueden incurrir los servidores públicos, ya sea cuando no cumplen con sus responsabilidades o cuando cometen actos de corrupción.

 

Certificado de honestidad y otras propuestas

En su plataforma electoral y en una iniciativa presentada a los grupos del PRI, PVEM y Nueva Alianza, se delinean las principales propuestas de José Antonio Meade contra la corrupción. Entre éstas se incluye:

  • Promover la implementación efectiva de las políticas del Sistema Nacional Anticorrupción.
  • Transparencia, pero también mayor flexibilidad a los criterios para las adquisiciones, contrataciones y licitaciones del sector público.
  • Simplificar y precisar los distintos tipos de faltas, infracciones y delitos en que pueden incurrir los servidores públicos, ya sea cuando no cumplen con sus responsabilidades o cuando cometen actos de corrupción.
  • Recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo nacional de becas para niñas, niños y mujeres.
  • Aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos.
  • Establecer una “certificación de honestidad” para los servidores públicos.

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