La Comisión de Justicia recibió para su estudio y análisis dos expedientes legislativos (66,612 y 66,755) presentados por diputados de los grupos parlamentarios de Acción Nacional y Fuerza por Aguascalientes. El objetivo central de estas propuestas es fortalecer la prohibición y la sanción penal contra el matrimonio o las uniones forzadas de personas menores de 18 años.
La exposición de motivos destaca la gravedad de este fenómeno, calificándolo como una de las manifestaciones más severas de violencia estructural, asimetría de poder y explotación. La iniciativa busca castigar a quienes fuercen, induzcan o coaccionen a menores o a personas sin capacidad para resistir el hecho a convivir de forma equiparable a un matrimonio.
Garantía estatal para la cultura física y el deporte
Por otro lado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizó una iniciativa de reforma al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado (expediente 66-830), impulsada por el diputado Amisada Immanuel Castorena Romo.
Aunque originalmente la propuesta se centraba en garantizar el acceso a instalaciones deportivas públicas, la comisión dictaminadora estimó necesario ampliar su alcance para evitar limitar el derecho a una sola modalidad. En consecuencia, se determinó reformular la propuesta para establecer un mandato general a cargo del Estado que genere las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la cultura física y el deporte.
Este enfoque integral, aprobado por la comisión, contempla que la promoción de la actividad física debe incluir:
- Programas públicos y acciones comunitarias.
- Estrategias de inclusión y mecanismos de accesibilidad.
- Apoyos institucionales y políticas de prevención en materia de salud.
El proyecto de decreto ha sido sometido ante el pleno legislativo y fue aprobado.
Sobre el tema Rodrigo Mireles expresó Desde la perspectiva de la Cuarta Transformación, los derechos sociales no pueden quedarse en declaraciones de principios. La justicia social siempre exige que el Estado actúe de manera activa para garantizar que todas las personas, especialmente quienes menos tienen, puedan ejercer efectivamente sus derechos. El acceso al deporte y a la cultura física no es la excepción.
Por décadas, los gobiernos neoliberales abandonaron la infraestructura deportiva, comunitaria, privatizaron los espacios de recreación y dejaron a las familias de escasos recursos sin opciones dignas para practicar actividad física. Esta reforma viene a corregir esa deuda histórica con el pueblo de Aguascalientes. Valoramos positivamente que la Comisión de Gobernación y Puestos Constitucionales haya tenido la sensibilidad de reformular la propuesta original.
En lugar de limitarse a garantizar el acceso a instalaciones públicas deportivas, lo cual, siendo valioso, podría resultar restrictivo, el dictamen incorpora un mandato constitucional más robusto, la obligación del Estado de generar condiciones para el ejercicio efectivo del derecho. Desde Moreno impulsamos una visión del deporte como herramienta de transformación social. El dictamen abona a tres ejes que son centrales en nuestra agenda.
La salud pública popular. Aguascalientes se enfrenta a altos índices de diabetes, hipertensión y obesidad. Estas enfermedades golpean con mayor dureza a las familias de menores ingresos, quienes no pueden pagar gimnasios ni instalaciones privadas.
Este mandato constitucional genera condiciones para la actividad física. En los hechos también es una medicina preventiva para el pueblo. En el tema de seguridad y paz comunitaria, los espacios deportivos son espacios arrebatados a la delincuencia.
Garantizar constitucionalmente el derecho al deporte implica obligar al Estado a mantener parques, unidades deportivas y canchas en condiciones dignas, alejando a la juventud de las adicciones y la violencia. La cohesión social e inclusión. La práctica deportiva comunitaria fortalece el tejido social, la identidad del barrio y la cultura de la paz.
Esta reforma es también una apuesta por la convivencia sana entre los aguascalientes. El deporte es salud, es comunidad y garantizarlo constitucionalmente es un paso hacia la justicia social que esta legislatura tiene la responsabilidad histórica de dar. Por el bien de todos, primero los pobres.