La iniciativa que nos ocupa busca materializar en Aguascalientes la utilización de la justicia digital para liberar la carga de trabajo de los actuarios y permitir que el Tribunal de Justicia Administrativa se enfoque en la resolución de fondo de los asuntos, reduciendo los tiempos muertos generados por la burocracia de las notificaciones personales. La propuesta se alinea perfectamente con el mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo séptimo B de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que consagran el derecho humano a una justicia pronta, completa e imparcial, tal como refieren los iniciadores. Sin un sistema de notificaciones eficientes, el mandato de resolver los juicios en plazos breves, como el máximo de seis meses establecido en la norma local, corre el riesgo de convertirse en una aspiración inalcanzable. Por lo tanto, el objeto central de transitar de un modelo de notificaciones predominantes personales y físicas a un esquema que privilege el uso del boletín procesal y las herramientas tecnológicas no sólo es viable, sino urgente, para garantizar la tutela judicial efectiva de los gobernados y optimizar los recursos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes. Por los argumentos señalados con antelación, es que se someta ante la recta consideración del Pleno Legislativo el proyecto de decreto previsto en el dictamen que fue aprobado por la cámara de diputados
