. Es inconcebible un partido donde uno de los equipos goce de ventajas frente a su adversario, alinear más jugadores, efectuar ciertos movimientos, o cambiar las dimensiones de su portería.
En el fútbol, como en las elecciones, la legitimidad de una contienda radica en que sus participantes salten a la misma cancha, con un mismo reglamento, y bajo un arbitraje independiente e imparcial. Tanto en el deporte, como en los procesos democráticos, el dinero tiene el potencial de inclinar el terreno de juego. Por esta razón, a partir de la década de los noventa, México inició la construcción de un sistema de fiscalización electoral.
En 1993 se abrieron las cuentas para conocer cuánto gastan los partidos políticos, mientras que en el 96 se limitaron las aportaciones privadas, se prohibieron las donaciones anónimas, y se dotó a la autoridad electoral de las facultades para auditar y sancionar irregularidades, con la finalidad de evitar que algunos equipos lleguen al partido con ventajas económicas que definan el resultado antes del silbatazo inicial. Conforme se fortalecieron las reglas de financiamiento y fiscalización, las elecciones se tornaron más competidas, disminuyeron las mayorías aplastantes y la alternancia partidista se volvió un hábito democrático. La reforma de 2007-2008 profesionalizó la fiscalización.
Al crear una unidad técnica especializada, fortaleció las capacidades de investigación de la autoridad electoral y le otorgó acceso a información protegida por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Con el establecimiento del modelo de comunicación política, la incertidumbre en torno a los resultados comenzó a depender menos de los alcances económicos y más de la capacidad de convencer al electorado. La reforma de 2014, por su parte, concentró la fiscalización en el Instituto Nacional Electoral y desarrolló mecanismos de revisión aún más sofisticados.
Por ejemplo, la vigilancia dejó de realizarse después del partido, ahora puede seguirse en tiempo real mientras el balón se encuentra en movimiento. Por esta razón, el perfil responsable de fiscalizar a las fuerzas políticas debe reunir una combinación de conocimientos técnicos, independencia y solvencia ética. La labor de la persona titular de dicha unidad exige experiencia en auditoría, contabilidad y normativa electoral, así como capacidad para investigar operaciones financieras complejas y detectar posibles irregularidades. Pero también debe actuar con objetividad e imparcialidad, libre de presiones políticas o intereses particulares, ya que su función es esencial para garantizar cancha pareja en un proceso electoral.