Autoridades estatales han iniciado una investigación contra empresas de grúas tras una ola de denuncias ciudadanas por cobros excesivos, las cuales han puesto en evidencia una disparidad crítica entre los servicios prestados y las tarifas aplicadas.
Un golpe al bolsillo ciudadano La indignación ha escalado luego de que diversos afectados compartieran recibos que exhiben montos desproporcionados por servicios básicos de arrastre y resguardo en pensión. Uno de los casos más documentados por la ciudadanía detalla que un usuario tuvo que desembolsar un total de 9,054 pesos por el servicio tras un percance vehicular; este monto incluyó 5,200 pesos únicamente por el arrastre (tras un ligero descuento aplicado por la empresa) y 4,234 pesos adicionales por concepto de pensión.
El llamado a la autoridad Ante la creciente evidencia, el gobierno del estado ha emitido comunicados advirtiendo que «se acabaron los abusos» en el sector. No obstante, la investigación se centra ahora en cuestionar si las empresas señaladas —que han protagonizado estos cobros elevados— seguirán siendo beneficiarias de contratos gubernamentales.
La preocupación de los ciudadanos y de los propios operadores independientes radica en la falta de transparencia del esquema tarifario, el cual, lejos de proteger al usuario, parece haber sido aprovechado por compañías con convenios para imponer precios que, sumados a las multas y gastos de liberación, terminan por hacer prácticamente incobrables los vehículos para sus propietarios.
Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para deslindar responsabilidades y determinar si existen irregularidades en la operación de estas empresas concesionarias