Con el objetivo de ordenar el servicio de arrastre y salvamento en la entidad, la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes (CEMOV) anunció la implementación de un padrón oficial de operadores y un modelo de transición diseñado para facilitar el cumplimiento de los nuevos requisitos legales.
Ordenamiento del sector y protección al usuario
La medida responde a la necesidad de diagnosticar el estado físico de las unidades y establecer una geografía clara de las pensiones autorizadas, asegurando que estas cumplan con estándares de seguridad vial, protección civil y seguridad pública. El director de la dependencia, Ricardo Serrano Rangel, subrayó que, conforme a la ley, los prestadores de servicio tienen la obligación de trasladar los vehículos a la pensión autorizada más cercana al lugar del siniestro o levantamiento.
Entre los puntos más relevantes del anuncio destacan:
- Regulación de tarifas: Se oficializó una estructura de costos máximos autorizados, buscando eliminar los cobros excesivos que durante años afectaron la economía de los usuarios.
- Transparencia: La normativa establece claridad sobre qué especificaciones técnicas y legales son necesarias para operar, otorgando seguridad jurídica tanto al prestador como al ciudadano.
Respuesta a las inquietudes del gremio
El anuncio surge tras las denuncias presentadas por operadores independientes, quienes señalaron haber sido víctimas de acoso institucional y expresaron su preocupación ante la imposibilidad financiera de renovar sus flotas —un requisito que contemplaba unidades con menos de 15 años de antigüedad—, situación que los ponía en desventaja frente a grandes empresas con mayor capital.
Ante esto, la autoridad se comprometió a:
- Modelo de transición: Implementar medidas graduales ajustadas a los alcances económicos de cada persona física o moral, evitando que los operadores de larga trayectoria pierdan su fuente de empleo.
- Empadronamiento previo: Antes de aplicar sanciones o exigir renovaciones inmediatas, se realizará un diagnóstico del parque vehicular actual para determinar acciones pertinentes de forma justa.
Las autoridades enfatizaron que el propósito no es desplazar a los prestadores de servicio con años de experiencia, sino lograr que, con el tiempo, la totalidad de las unidades presten un servicio seguro y regulado conforme a la Ley de Movilidad del Estado.