No prestar a los hijos para la convivencia con su padre o madre, aunque se cumpla con la pensión alimenticia, podría convertirse en delito en Aguascalientes y castigarse con hasta 5 años de cárcel.
La iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado por los diputados del PAN Nancy Gutiérrez, Andrés Muñoz, Yetzi Sánchez, Humberto Montero, Max Ramírez y Adán Valdivia.
Proponen crear el artículo 127 A del Código Penal para tipificar el delito de sustracción equiparada de niñas, niños, adolescentes y personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.
El delito lo cometería quien ejerciendo la patria potestad o la custodia, sin causa justificada o en contravención de una resolución judicial o convenio aprobado judicialmente, impida, restrinja o niegue la convivencia, comunicación o contacto con quien legítimamente tiene reconocido ese derecho.
«Comete el delito quien impida, restrinja o niegue la convivencia con quien legítimamente tiene reconocido ese derecho», señala la propuesta.
La pena: de 2 a 5 años de prisión, de 100 a 200 días multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios.
En la exposición de motivos, los legisladores aclaran que no se trata de criminalizar los conflictos familiares, sino de establecer un límite claro ante conductas que vulneran derechos fundamentales y generan daños a los menores.
La iniciativa contempla excluyentes de responsabilidad: no se configurará el delito cuando la restricción derive de un mandato de autoridad competente o de la existencia de un riesgo real, actual y comprobable para la integridad del menor, atendiendo al interés superior de la niñez.
De acuerdo con datos oficiales citados en la iniciativa, en Aguascalientes hay 463 mil 371 niñas, niños y adolescentes, población identificada como una de las ocho con mayor número de hospitalizaciones por violencia física en el país, además del incremento en atenciones por violencia sexual y escolar.
La propuesta equipara el impedir la convivencia a la figura de sustracción de menores, que actualmente se aplica cuando uno de los padres se lleva al menor sin autorización, y será turnada a comisiones para su análisis.