A 3 semanas de arrancar el proceso electoral 2026-2027 donde se renueva gubernatura, alcaldías y diputaciones, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Clara Beatriz Jiménez González, respondió a las críticas de 5 de las 7 consejerías que promovieron ante el INE un procedimiento de remoción en su contra.
«Como pueden ver, seguimos trabajando de manera continua. Ustedes me pueden ver aquí en el instituto, atendiendo diferentes temas de la cuestión electoral, de los temas administrativos, o atendiendo a los medios», subrayó en entrevista grupal. «No, no tengo ninguna notificación todavía», dijo al ser cuestionada si el INE ya le notificó.
La denuncia, registrada con clave UT/SCG/PRCE/CKBM/CG/9/2026 ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, fue presentada por Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal. Plantean tres causales: presuntas afectaciones a la independencia e imparcialidad por subordinación a terceros, notoria negligencia o descuido en funciones y realización de nombramientos o ratificaciones presuntamente ilegales.
Entre los señalamientos está la ratificación de titulares de áreas de marzo con el acuerdo CG-A-08/26 del 31 de marzo y el caso de José de Jesús Jaime Carachure, entonces coordinador de Informática, quien renunció el 31 de marzo y al día siguiente, 1 de abril, fue designado como coordinador de Presidencia, puesto de confianza que no requiere aprobación del Consejo. El expediente recuerda que durante su gestión el PREP registró caída de más de cinco horas en elección 2024.
Jiménez González emitió postura formal luego de que la mayoría acusó presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia y afectaciones a imparcialidad.
Hizo un llamado directo a dirimir el debate en los márgenes de la legalidad y no mediante disputas personales.
«Este instituto ha recibido diversos oficios, observaciones, cuestionamientos y solicitudes de información… todos y cada uno de ellos han sido atendidos. Se han emitido las respuestas correspondientes con los elementos jurídicos, administrativos, técnicos necesarios procurando en todo momento que cada determinación se encuentre debidamente fundada y motivada. No se ha ignorado un solo cuestionamiento y no se ha pretendido evadir un solo señalamiento», aseveró.
Sobre el punto de mayor fricción, la reestructuración orgánica y propuesta de creación de plazas operativas en anteproyecto de presupuesto, rechazó que fuera imposición arbitraria o autoritaria.
«La modificación de la estructura interna y la propuesta de nuevas plazas no surgieron de una decisión unilateral de esta presidencia. Existió un procedimiento institucional, un análisis de las necesidades de las áreas y una deliberación en el órgano competente».
Advirtió sobre riesgo de parálisis:
«Cuestionar las decisiones de una autoridad es un derecho y forma parte de la dinámica democrática de cualquier órgano colegiado, pero cuestionar no significa desconocer las atribuciones legales que corresponden a cada órgano ni convertir el disenso institucional en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones constitucionales del instituto».
La presidenta aseguró que la sesión extraordinaria del lunes que le tocó presidir se completó de acuerdo a lo previsto y que «estaremos atendiendo diversos procedimientos que traemos todavía en los próximos días».