La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, María José Ocampo Vázquez, compareció ante la Diputación Permanente para entregar el primer informe de actividades del Poder Judicial, en un acto que quedará marcado por un hecho sin precedentes en la historia de la entidad: las tres titularidades de los poderes públicos recaen en mujeres.
En el presidium, la diputada Almahilda Medina Macías, presidenta de la Mesa Directiva, recibió el documento de manos de la magistrada, mientras la gobernadora Tere Jiménez encabezó la representación del Ejecutivo, en medio de un auditorio integrado por autoridades militares, el fiscal general Manuel Alonso García, alcaldes, rectores universitarios, líderes empresariales y medios de comunicación.
«No es falso feminismo, es reconocimiento al trabajo»
En su mensaje de bienvenida, la diputada Medina Macías subrayó la relevancia del momento: que las tres titularidades estén en manos de mujeres «no debe entenderse como una ventaja concedida ni una expresión de falso feminismo, es sencillamente el reconocimiento social e institucional al trabajo y a la preparación». Elaboró además que la armonía y colaboración entre los poderes —sin renunciar a las atribuciones de cada uno— genera las condiciones para atraer inversión, crear empleos y brindar certeza a las familias.
47 mil sentencias y tiempos de resolución a la baja
La magistrada Ocampo Vázquez rindió cuentas de una gestión de alto volumen y resultados medibles:
- 636 mil documentos recibidos y cerca de 51 mil demandas en el periodo 2025-2026.
- Más de 131 mil juicios tramitados, 778 mil acuerdos y 47 mil sentencias emitidas.
- Los tiempos promedio de resolución se redujeron a 6 días, con una mejora superior al 20%.
- La Sala Penal casi duplicó su producción: pasó de 439 a 846 resoluciones.
- Se emitieron más de 3 mil órdenes de protección, un incremento cercano al 85%.
- En materia penal, las penas acumuladas superaron los 2,330 años de prisión.
Un poder judicial en nueva etapa
El informe destaca una transformación estructural sin precedentes: por primera vez, 65 personas juzgadoras fueron electas mediante Voto Ciudadano, bajo el marco jurídico propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso. La nueva estructura integra al Supremo Tribunal, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial, con la que se conservó a más del 90% del personal de carrera judicial.
Entre los logros de vinculación destacan 25 convenios —con instituciones como la Universidad de San Diego, la Escuela Libre de Derecho y la Fiscalía—, 19 conferencias magistrales, la presencia en 246 ediciones de la Mesa para la Construcción de la Paz y la sede histórica de la Segunda Asamblea Plenaria 2026 de la CONATRIB, algo que no ocurría en el estado desde hace más de dos décadas. Incluso el alto tribunal federal pisó tierra aguascalentense con la visita de los ministros Giovanni Azael Figueroa y Yasmín Esquivel Mossa.
Retos reconocidos
Con autocrítica, la magistrada admitió los pendientes: seguir abatiendo el rezago judicial, mejorar la infraestructura, ampliar los servicios digitales, cerrar brechas tecnológicas y capacitar al personal para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
«La crítica fundada y el reclamo respetuoso deben asumirse como oportunidades para mejorar», señaló, antes de agradecer a los diputados el «presupuesto histórico» aprobado para el Poder Judicial y a la gobernadora Jiménez su liderazgo en la coordinación institucional.
Cierre simbólico
El acto concluyó con la entrega formal del documento y la fotografía oficial de las tres titulares de los poderes del Estado: un cierre que, según las palabras de la presidenta de la Mesa Directiva, refrenda que «cuando las instituciones trabajan en coordinación, gana la gente».