En noviembre de 2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del Ayuntamiento de Jesús María otorgó una licencia de construcción para una simple barda perimetral a Unidad de Gasolineras S.A. de C.V., en Avenida Emiliano Zapata, esquina Alejandro de la Cruz, número 848, Colonia Calvario. Sin embargo, en el predio comenzaron las obras de una estación de servicio completa, a apenas 30 metros de otra gasolinera ya operando: Servicios Jero, que denunció presuntas irregularidades y riesgos de protección civil.
Denuncia por obra distinta a la licencia
Horacio Puentes, asesor jurídico de la parte afectada, señaló que la misma autoridad reconoció que el propietario no cumplió los requisitos del Código Urbano y del reglamento interno: «Pidieron licencia para una barda y construyeron una gasolinera», expresó.
El 20 de mayo de 2026, la Secretaría clausuró la obra al detectar trabajos distintos a lo autorizado. Dos meses después, el 20 de julio, Servicios Jero envió un oficio al municipio advirtiendo que las obras continuaban pese a la clausura y sin el dictamen de impacto y protección civil, en un sitio donde un siniestro sería de daño «incuantificable» para la sociedad.
Puntos grises en los permisos
Según la denuncia, el permiso de la Comisión Nacional de Energía se obtuvo en septiembre de 2025, pero el dictamen de uso de suelo de 2019 ya había perdido vigencia —un requisito indispensable para que la ASEA expida el permiso de hidrocarburos. La constancia fue retramitada en octubre de ese año.
Servicios Jero promovió dos amparos que no lograron la suspensión definitiva de las obras, presentó recursos de revisión y una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra quien resulte responsable de omisiones en la expedición de permisos.
La versión de la autoridad municipal
El encargado de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Alejandro Valenciano Ramírez, confirmó la clausura de mayo por el «adelanto» de la obra, pero aseguró que el proyecto ya obtuvo todos los permisos hasta agosto y que los trámites se apegaban a la norma. Sobre el dictamen de protección civil, afirmó que no es requisito para la constancia de compatibilidad urbanística, y que el uso de suelo tiene vigencia indefinida al no haberse modificado el proyecto.
Descartó riesgo de siniestro por la cercanía de ambas estaciones: «Ahorita es más peligroso el tema de un tanque de almacenamiento de gas que tienen las tortillerías y panaderías que una gasolinera», señaló, al asegurar que se cumplen los 30 metros de distancia establecidos en la norma y la regulación de la ASEA.
Los propietarios, en los Panamá Papers
Unidad de Gasolineras S.A. de C.V. fue constituida en junio de 2003 por siete integrantes de una familia originaria de Aguascalientes, cuyos nombres figuran en los archivos de Panamá Papers, la filtración de 2016 a la firma Mossack Fonseca que expuso compañías registradas en paraísos fiscales. De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los siete aparecen como socios de Bruno Corp., registrada en las Islas Vírgenes Británicas con vinculación en Uruguay —aunque su aparición en los listados no los involucra directamente en actos ilegales.
La empresa opera 14 estaciones de servicio en Aguascalientes, dos de ellas aún sin iniciar operaciones, según datos de la Comisión Nacional de Energía.