Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas revelaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó que el 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión antes de noviembre de 2025 provenían de apenas 12 centros penitenciarios del país, durante la conferencia «Inteligencia Penitenciaria en la Investigación Criminal» del Cuarto Foro Internacional de Seguridad y Justicia.
La exposición corrió a cargo de la abogada Marta Orozco Reyes, investigadora senior en México del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI, con sede en Turín, Italia), quien tiene más de diez años de experiencia en justicia penal, seguridad pública y cooperación internacional, con trayectoria en la Oficina de la ONU contra el Crimen y las Drogas (UNODC), el Banco Mundial y la OIT.
Primer programa de UNICRI para México
Orozco Reyes explicó que se trata del primer programa que el instituto desarrolla para México, y que en esta etapa trabajan con el sistema penitenciario federal, aunque dejaron la puerta abierta a colaborar con los estados: «Desde UNICRI estamos bastante abiertos para poder trabajar, dialogar, aprender juntos».
Los ejes del programa son la inteligencia penitenciaria —»algo muy nuevo del cual podemos aprender todos»—, la extorsión y la prevención de motines, y la infiltración del crimen organizado en los centros de reclusión: «Sabemos que muchas organizaciones del crimen organizado no se detienen en sus operaciones criminales por el hecho de estar en prisión. Hay que tomar previsiones, hay que prevenir y hay que trabajar al respecto».
Un frente urgente: la extorsión desde prisión
Además del dato del 56%, la investigadora precisó que las autoridades federales y estatales han asegurado más de 2 mil 500 dólares en centros penitenciarios y han detenido a personas por el delito de extorsión. Citó casos documentados por el periodismo, como centros de llamadas («call centers») detectados en un CEDES, de donde salieron órdenes de aprehensión, y un caso internacional —el de «Malón»—, un interno que operaba por WhatsApp «como si nada», dando órdenes y utilizando a su familia para dirigir su célula criminal desde la cárcel.
«Ese es un patrón a nivel mundial. La tecnología vino a facilitar el crimen y nos está pegando por igual a todos lados», advirtió.
Estándares y marco legal
La ponente desglosó los estándares internacionales aplicables —las Reglas Mandela de 2015 y la Convención de Palermo—, así como el marco mexicano: la Ley de Inteligencia publicada en julio de 2025, que ordena la interconexión obligatoria y permanente de los centros penitenciarios con la plataforma central de inteligencia; la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Registro Nacional de Detenciones; y la Ley General contra la Extorsión, que penaliza la mera tentativa de extorsión intramuros e incluso sanciona al personal penitenciario que sea omiso o coadyuvante.
En ese marco, subrayó que la custodia penitenciaria puede convertirse en una gran fuente de inteligencia si se profesionaliza: «Si los formamos bien, si los capacitamos, pueden ser grandes policías de inteligencia y pueden tener una doble labor en la reinserción social».
La advertencia central: inteligencia no es prueba
El mensaje más contundente de la conferencia fue una advertencia jurídica: la inteligencia orienta la investigación, pero no es prueba ante un juez. «Hay que diferenciar cuándo la información es información de inteligencia y cuándo es una evidencia, una prueba válida para el Código Nacional», señaló Orozco Reyes, al recordar que la intervención de comunicaciones privadas requiere, por fuerza, solicitud del Ministerio Público y autorización de un juez federal, bajo pena de que el trabajo se caiga en juicio.
También alertó sobre la protección del personal: las fugas de información en un «ecosistema muy cerrado» como la cárcel pueden poner en riesgo a custodios valientes que investigan.
Coordinación, la palabra clave
Como cierre, la investigadora de la ONU aseguró que el gran reto del sistema de seguridad y justicia mexicano es la coordinación interinstitucional: «México es un gran mosaico. Tiene nivel municipal, estatal, federal, tres poderes… eso complica mucho la coordinación en comparación con otros países. La coordinación es la palabra clave».
En la sesión de preguntas, Orozco Reyes abordó la situación de los hijos de mujeres privadas de la libertad —a quienes la Ley Nacional de Ejecución Penal permite vivir con sus madres hasta los tres años—, defendiendo que el Estado está obligado a garantizar condiciones dignas de primera infancia dentro de los centros, y estimó que la reincidencia mundial oscila entre el 15 y el 40 por ciento, lo que demuestra que la clave está en los servicios pospenitenciarios: «Todo el trabajo de años se echa a perder cuando la persona pone un pie en la calle y no tiene ningún apoyo».
Por su participación, recibió un reconocimiento de manos de Junúen Adriana Martínez Lara, directora académica de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad del Estado, y de Ricardo Ar, agregado adjunto de Investigaciones de Seguridad Nacional.