Por mayoría, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformar la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, a fin de que los once ayuntamientos designen a una persona responsable de la Información Estadística y Geográfica, encargada de recopilar, organizar, validar y suministrar los datos que se generen en cada municipio.
La reforma, a partir de la iniciativa presentada por la diputada Beatriz Montoya Hernández, del Grupo Parlamentario Mixto Fuerza por Aguascalientes, adiciona la fracción LXIV al artículo 36 de la Ley Municipal. La designación del responsable quedará en el ámbito de la autonomía de cada ayuntamiento y conforme a su disponibilidad presupuestal, por lo que no genera una carga obligatoria a las finanzas municipales.
El encargado deberá ser un profesional en la materia, con conocimiento de la normatividad del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y una experiencia mínima de tres años. Entre sus funciones estarán coordinar la captura y sistematización de la información proveniente de registros administrativos, censos y encuestas municipales; garantizar que los datos municipales cumplan los principios de veracidad, oportunidad, accesibilidad y calidad; fungir como enlace del municipio con el INEGI y con el ente estatal competente; y colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y programas municipales de desarrollo.
En su exposición de motivos, la legisladora sostuvo que la ausencia de una unidad especializada en los municipios limita la capacidad de los ayuntamientos para gestionar su información de manera profesional, pues la dispersión y falta de sistematización de los datos afecta la planeación y la rendición de cuentas. Recordó, además, que el artículo 26 constitucional establece que los datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica son oficiales y de uso obligatorio para los tres órdenes de gobierno.
El dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas —que la propia Montoya Hernández preside— fue avalado en comisión el 30 de enero pasado con tres votos a favor y ninguno en contra. En el análisis se atendió una observación de la Secretaría General de Gobierno: la iniciativa original no consideraba la reforma publicada el 20 de octubre de 2025, que adicionó la fracción LXIII sobre regulación de pirotecnia, por lo que se ajustó la numeración para no sustituirla.
Durante el proceso, los municipios consultados se pronunciaron a favor: San José de Gracia la consideró viable y sin impacto presupuestal, mientras que Pabellón de Arteaga la calificó de apropiada para contar con información desagregada útil para programas y acciones de gobierno.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.