La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado dictaminó a favor la iniciativa para reformar la Constitución Política de Aguascalientes y fortalecer la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa.
La propuesta, presentada por el diputado Omar Alejandro Valdés Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y registrada con el expediente IN_LXVI_1072_23062026, fue aprobada en sesión ordinaria del 28 de julio de 2026 con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
¿Qué cambia?
La reforma modifica los artículos 50 A y 50 B, y adiciona la fracción V al artículo 58 Bis de la Constitución local, con tres objetivos centrales: dar certeza al Tribunal como órgano autónomo, establecer requisitos claros para ser magistrado y modificar el procedimiento de ratificación y designación.
Hasta ahora, el artículo 50 A ya reconocía al Tribunal como un órgano jurisdiccional, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. Sin embargo, no estaba enlistado en el catálogo del artículo 58 Bis, donde se enumeran los órganos constitucionales autónomos del Estado.
Esa omisión, señala el dictamen, generaba una inconsistencia normativa y daba lugar a interpretaciones divergentes sobre su naturaleza jurídica y el alcance de su autonomía. Con la reforma, se incorpora expresamente:
Artículo 58 Bis, fracción V.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, previsto en el artículo 50 A de esta Constitución.
Creado en 2023, pero con requisitos rebasados
El Tribunal fue creado mediante el Decreto número 405, publicado el 8 de agosto de 2023. Es el encargado de resolver los conflictos entre la administración y los administrados, dirimir controversias entre autoridades y particulares, imponer sanciones por faltas administrativas graves y proteger el patrimonio público.
El problema es que el texto vigente del artículo 50 B remitía a los mismos requisitos que se piden para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Esos requisitos quedaron rebasados por la reforma judicial del 18 de diciembre de 2024, que estableció que los magistrados del Supremo Tribunal serán electos por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía.
Como la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa no es por elección, sino por el Congreso del Estado, no resultaba oportuno mantener los mismos requisitos.
Por eso, la reforma establece requisitos propios y específicos.
Los nuevos requisitos para ser magistrado
Para ser persona titular de una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, se requerirá:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, originario del Estado o con una residencia en él no menor de cinco años;
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
III. Contar con licenciatura en derecho con título registrado, expedido cuando menos cinco años antes del nombramiento;
IV. Contar como mínimo con cinco años de experiencia, en materia fiscal, administrativa, de fiscalización, de responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas;
V. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de ningún culto;
VI. No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local o dirigente de Partido Político durante el año previo al día de su designación;
VII. No ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o salde esa deuda; y
VIII. No haber sido condenada por delito doloso con sanción privativa de la libertad o por sentencia que haya causado estado por faltas administrativas graves, salvo que exista cabal cumplimiento de las penas y/o sanciones.
Estos requisitos, destaca el dictamen, homologan lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Así será la ratificación y designación
El Tribunal estará integrado por cinco Magistraturas que durarán en su encargo siete años, pudiendo ser ratificadas por un periodo igual.
Quien busque la ratificación deberá hacer la solicitud correspondiente ante la persona titular del Poder Ejecutivo dentro de los sesenta días hábiles anteriores a que concluya su cargo.
La solicitud de ratificación otorgará únicamente el derecho a ser incluida en la terna que el Ejecutivo someta a consideración del Congreso. Es decir, ya no será una ratificación automática, sino que habrá una especie de concurso de oposición entre la persona titular y otras personas interesadas.
La designación para un periodo consecutivo estará sujeta al procedimiento previsto en la Constitución, al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y a la valoración de la idoneidad de las personas integrantes de la terna.
Para cada Magistratura vacante, la persona titular del Poder Ejecutivo someterá una terna a consideración del Congreso, con su respectivo expediente, incluyendo aquellas solicitudes de ratificación, dentro de los treinta días hábiles anteriores a que se concluya el cargo. La designación se hará con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la Legislatura.
Además, se establecen como causas de retiro forzoso padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.
Opiniones a favor y comparativo nacional
La iniciativa fue considerada viable por la Secretaría General de Gobierno, por el Municipio de San José de Gracia y por el propio Tribunal de Justicia Administrativa.
En su opinión, el Tribunal presentó un análisis comparativo de las constituciones locales. De 32 entidades analizadas, 31 dotan a sus Tribunales de Justicia Administrativa de autonomía e independencia funcional y financiera. En algunas, incluso, se contempla de forma expresa la denominación órgano constitucional autónomo, como en Baja California, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo y Sonora.
Únicamente la Constitución de Chiapas sigue incorporando al Tribunal dentro del Poder Judicial.
¿Cuándo entraría en vigor?
El dictamen precisa que la entrada en vigor quedará condicionada a que se cubran los extremos legales del artículo 94 de la Constitución local, es decir, la aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado y la emisión de la declaratoria correspondiente.
Una vez en vigor, el Congreso tendrá un plazo de treinta días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias.
El tema es urgente, porque las primeras Magistraturas que quedarán vacantes será el próximo 21 de septiembre de 2026, conforme a los Decretos 439 y 440, publicados el 2 de octubre de 2023, en relación con el Decreto 405.
Con esta reforma, concluye la Comisión, se consolida la independencia jurisdiccional del Tribunal, se fortalece el sistema estatal anticorrupción, se otorga certeza constitucional y se fortalece el sistema de justicia administrativa en Aguascalientes.